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Doñana:
un desastre archivado
(c) José
Santamarta, director de World Watch
(29-12-2000)
worldwatch@nodo50.org
http://www.nodo50.org/worldwatch
La juez Cecilia
Belhadj-Ben archivó el caso Aznalcóllar el 27 de diciembre
de 2000, concluyendo que ni Boliden ni Dragados y Construcciones
incurrieron en un delito de imprudencia grave, y no tienen responsabilidades
en el caso. La misma juez, según Los Verdes de Andalucía,
ya había archivado en 1996 las diligencias por las filtraciones
en el dique de la balsa minera. La sentencia, según Greenpeace,
Adena/WWF, Amigos de la Tierra, SEO, Ecologistas en Acción
y Los Verdes, es absolutamente "escandalosa". Es probable
que Cecilia Belhadj-Ben sea una presunta prevaricadora, por haber
dictado a sabiendas o por ignorancia inexcusable, resolución
de manifiesta injusticia. La sentencia presuntamente prevaricadora
de la juez se refiere a uno de los mayores desastres ecológicos
de la historia reciente.
A las 3.30 de
la madrugada del sábado 25 de abril de 1998 se produjo la
rotura del dique de la balsa de residuos de Minas de Aznalcóllar,
y más de cinco millones de metros cúbicos de lodos
tóxicos fueron vertidos al río Agrio, afluente del
Guadiamar. En pocas horas los lodos y el agua tóxica cubren
más
de 5.000 hectáreas. Comenzó entonces una de las mayores
catástrofes ecológicas, cuyas dimensiones se deben
a la desidia de las administraciones central y autonómica.
Doñana, el más emblemático de los Parques Nacionales,
donde Aznar se fotografiaba con Tony Blair pocos días antes
de la riada tóxica, ya se ha visto afectado. Los efectos
más visibles, como la muerte de miles de peces, a causa de
la acidez del agua y su falta de oxígeno, no son los más
graves. Lo peor es la bomba de relojería que suponen los
metales pesados, debido a su persistencia y a su bioacumulación,
y muy especialmente el cadmio y el arsénico, y los efectos
se harán notar de forma lenta e insidiosa, a lo largo de
muchos años. La entonces ministra de Agricultura, Loyola
de Palacio, conocida por su defensa de las peores causas (transgénicos,
energía nuclear) se puso morada de langostinos a los pocos
días de la catástrofe, para demostrar que no pasaba
nada.
Los ecologistas, y la CEPA en particular (hoy Ecologistas en Acción),
fueron los únicos que habían denunciado una y otra
vez la situación. En Doñana, como en Chernóbil
o en tantos otros desastres, sucede lo imposible. En noviembre de
1995 Manuel Aguilar Campos fue despedido de la empresa minera por
denunciar el mal estado de la presa. Sólo la CEPA tomó
en consideración sus denuncias. La CEPA igualmente denunció
el vertido de residuos tóxicos procedentes del polo químico
de Huelva en Aznalcóllar en varias ocasiones, y en enero
de 1996 presentó una denuncia ante la Unión Europea,
archivada al estimar que la respuesta del Gobierno español
era satisfactoria. Pocos meses antes del accidente, el 4 de diciembre
de 1997, el grupo Menoba de Aznalcázar, integrado en la CEPA,
denunció la situación de la presa. Para Agaden se
habían producido vertidos continuados e ininterrumpidos desde
12 años antes al Agrio y por ello al Guadiamar, a Doñana
y al Guadalquivir.
Según el CSIC, los lodos vertidos contenían 8.000
gramos de zinc por tonelada, 8.000 gr. de plomo, 5.000 gr. de arsénico,
2.000 gr. de cobre, 90 gr. de cobalto, 55 gr. de talio, 70 gr. de
bismuto, 28 gr. de cadmio y 15 gr. de mercurio. Los lodos también
contenían de 4 a 10 gramos por tonelada de aminas aromáticas
e hidrocarburos policíclicos. La acción de los microorganismos
puede acelerar el proceso de lixiviación así como
alterar y transformar su composición; los tests de lixiviación
realizados por el CSIC
indicaron una elevada movilidad para la mayor parte de los metales,
al poder pasar a los acuíferos o introducirse en la cadena
alimentaria, poniendo en riesgo a la fauna y a las personas. Se
ha constatado que gran parte del lodo de pirita estaba integrado
por partículas pequeñas susceptibles de ser inhaladas,
con los consiguientes riesgos para los trabajadores que los retiraron
y la población de la zona.
Los lodos retirados
se llevaron a una mina a cielo abierto en desuso, la Corta. La CEPA
y Greenpeace denunciaron que bajo la mina donde se vertieron los
lodos retirados se encuentra el acuífero 26 Niebla-Posadas;
el suelo por supuesto no está impermeabilizado y el terreno
tiene racturas a causa de las pasadas voladuras. El desastre esparció
cerca de 2,5 millones de metros cúbicos de lodos por los
cauces del Agrio y el Guadiamar. La Junta de Andalucía y
el Ministerio de Medio Ambiente se gastaron cerca de 20.000 millones
de pesetas en limpiar la zona afectada, cantidad a la que hay que
añadir los 8.000 millones de pesetas invertidos por la Junta
de Andalucía en la restauración ambiental, y los 10.000
millones de pesetas que costó la expropiación de las
tierras afectadas por el desastre.
El responsable directo del desastre fue la empresa Boliden Apirsa,
propietaria de la presa. Boliden pertenece al grupo Trelleborg,
con sede en Toronto (Canadá), y tiene cuatro minas en Suecia,
otra en Arabia Saudí y la de Aznalcóllar, que adquirió
en 1987. En 1996 facturó 1.300 millones de dólares
y obtuvo unos beneficios netos de 38,7 millones de dólares;
emplea a 13.443 personas, de ellas 4.818 en Suecia. A pesar de la
retórica ambiental, la empresa tiene un negro historial,
con accidentes graves en Chile (Arica) y Suecia, donde la rotura
de una balsa de lodos contaminó el lago Asajaure. En Chile,
según el Instituto de Ecología Política, las
19.500 toneladas de residuos tóxicos (cadmio, arsénico,
mercurio y plomo) exportados por Boliden por intermedio de la empresa
Promel a Arica hace 16 años, contaminaron a 15.000 familias
y causaron el envenenamiento de más de 500 niños en
una zona pobre
de la localidad. La empresa ha adoptado una aptitud completamente
irresponsable, tanto ante los residuos exportados de manera ilegal
(la documentación falsa indicaba que se trataba de oro y
plata), como ante las consecuencias en la población afectada,
a la que se niega a pagar incluso los gastos hospitalarios. La corta
Los Frailes daba trabajo a 520 personas de Aznalcóllar, y
en 1997 se obtuvieron 125.000 toneladas de zinc, 48.000 t de plomo,
4.700 t de cobre y 90,8 kilos de plata. La intención de la
empresa es reabrir la mina en otoño.
Las pérdidas económicas superaron los 40.000 millones,
como mínimo, dado que cerca de 5.000 hectáreas quedaron
arruinadas para cualquier tipo de cultivo durante muchos años,
tanto por la contaminación, como por los propios trabajos
de limpieza, que en muchos casos eliminaron los suelos
fértiles. Desde 1993 la empresa Boliden Apirsa recibió
de Hacienda un total de 2.819 millones de pesetas, y de la Junta
de Andalucía 1.025 millones, en parte destinados a la balsa
que reventó. Una de las lecciones de Doñana debería
ser la necesidad de suprimir las subvenciones a actividades dañinas
para el medio ambiente, y además se las debería gravar
fiscalmente, iniciando la tan necesaria reforma ecológica
del sistema fiscal.
En nombre del mantenimiento del empleo las administraciones concedieron
generosas subvenciones, haciendo la vista gorda ante los constantes
incumplimientos de la legislación ambiental. A la larga tales
posiciones fueron contraproducentes. Mantener una actividad minera
dañina para el medio ambiente con dinero público puede
costar miles de empleos en la agricultura, la pesca y el turismo,
actividades más sostenibles e intensivas en empleo. La contraposición
que tantas veces se ha hecho de forma demagógica entre el
medio ambiente y las personas, sintetizada por Felipe González
en la frase de que "entre los agricultores y los patos, me
quedo con los agricultores", es radicalmente perversa. De aquellos
polvos, estos lodos.
La ruptura de la balsa minera de la multinacional Boliden no sólo
ha dañado al medio ambiente. También ha causado un
grave daño a la credibilidad del sistema jurídico
español, incapaz de impedir desastres ecológicos y
de velar por hacer realidad la máxima de que"el que
contamina, paga". Aquí el que contamina, no sólo
no paga, sino que además recibe subvenciones públicas
y sentencias absolutorias.
Referencias
Ver los artículos de Juan Clavero y José Santamarta
en la revista World Watch nº6
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